Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Integrantes del Frente Popular Francisco Villa y autoridades de la comunidad de San Jerónimo Palanta, perteneciente al municipio de Chilapa, exigieron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se actúe en contra de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), a quienes responsabilizaron de la situación de violencia que enfrenta esa región de la entidad.
En conferencia de prensa en Chilpancingo aseguraron que la Policía Comunitaria de la CRAC-PF es la responsable de los 15 homicidios cometidos de 2015 a la fecha contra integrantes de esa organización y habitantes de San Jerónimo Palantla y Xochitempa.
Constantino Calvario Merino, comandante municipal de San Jerónimo Palantla, críticó que el gobernador se haya reunido el viernes pasado con líderes de la CRAC-PF en la comunidad de Alcozacán, donde asumió compromisos para reforzar la seguridad en esa región y llevó apoyos para las familias de los 10 músicos asesinados el 17 de enero en la carretera Mexcalcingo-Tlayelpa.
Lamentó que Astudillo no haya reaccionado de la misma manera con los familiares de las cinco personas masacradas en la comisaría de ese poblado en febrero de 2015, hecho del que responsabilizan a la CRAC-PF.
Denunció que a cinco años del crimen no existen personas detenidas por ese hecho y tampoco se ha apoyado a las familias de las víctimas, pese a que han solicitado en reiteradas ocasiones la ayuda del gobierno del estado.
«A ellos les llevaron víveres y nosotros cuando solicitamos ayuda no nos atendieron, no hubo becas para los niños ni apoyos para las viudas».
Calvario Merino aseguró que los integrantes de la CRAC-PF son los responsables de la ola de violencia que padecen las comunidades indígenas de Chilapa, así como de los 15 homicidios que se han acumulado en San Jerónimo Palantla y Xochitempa desde 2015 a la fecha.
Ante esa situación exigió al gobernador y a la Fiscalía General del Estado que se ejerzan las 62 órdenes de aprehensión que fueron liberadas en contra de integrantes de la CRAC-PF y se garantice el acceso a la justicia a las familias de todas sus víctimas.
El comandante indicó que los pobladores de esas dos comunidades no pueden viajar en carretera porque son vigilados por la policía Comunitaria y tienen miedo de ser víctimas de un atentado.